Cuando la ambición pone en riesgo la jubilación universitaria

La reingeniería que puede salvar a la UAS… o el litigio que podría sepultarla para siempre.

Jaziel Trasviña Osorio.

La Universidad Autónoma de Sinaloa enfrenta una encrucijada histórica. La reingeniería integral que hoy impulsa no es un capricho, ni un ajuste cosmético; es la única salida viable frente al colapso financiero de su sistema de pensiones. Aun así, persisten voces opositoras que no buscan defender a los trabajadores ni asegurar los derechos del gremio universitario, sino proteger privilegios y explotar litigios para beneficio propio.

No es exageración ni teoría conspirativa. Se trata de los mismos grupos que hicieron añicos el anterior fideicomiso de jubilación, dejando a la Universidad sin la única herramienta financiera con capacidad de sostener la llamada jubilación dinámica. Aquel fondo, que durante años funcionó como columna vertebral del sistema de pensiones universitarias, fue desmantelado por demandas laborales estratégicas que buscaron ganancias económicas inmediatas, sin medir sus efectos a largo plazo. El resultado fue la eliminación de la jubilación para el personal de nuevo ingreso y la actual crisis estructural que estamos viviendo.

Hoy, la historia amenaza con repetirse. A pesar de la evidencia nacional e internacional —y de la necesidad urgente de reformar el sistema de pensiones universitarias en todo el país—, estos grupos se oponen al nuevo fideicomiso. Su argumento, simplista y egoísta, es no aportar al fondo. Pero esta postura no solo es miope: es peligrosamente destructiva.

Porque si estos litigios se elevan y llegan hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la consecuencia podría ser la eliminación total de la jubilación dinámica. Esta amenaza no es especulativa: existen precedentes recientes y contundentes donde la propia SCJN ha decidido que derechos prestacionales similares no pueden coexistir bajo criterios de doble beneficio.

Un ejemplo claro se dio con los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En una decisión de la Segunda Sala de la SCJN, emitida como parte del Amparo Directo en Revisión 5192/2024 el 2 de octubre de 2024, se estableció que los trabajadores que ya reciben una jubilación contractual bajo el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) del IMSS no pueden recibir simultáneamente una pensión por vejez o cesantía amparada en la Ley del Seguro Social, aun cuando hubieran cotizado semanas con otro patrón. Esta resolución puso fin al cobro de lo que se conocía como “doble pensión” para estos extrabajadores.

El fundamento de la Corte fue explícito: el régimen contractual de jubilación del IMSS ya integra beneficios equivalentes o superiores a los contemplados por la legislación general, por lo que otorgar dos prestaciones por el mismo riesgo social se consideró injustificado e incompatible con el orden jurídico.

Esta decisión, ahora convertida en criterio obligatorio, no solo impactó a jubilados e instituciones del sector salud, sino que mandó una señal clara sobre cómo se interpreta la protección de prestaciones cuando estas se consideran prestaciones “extralegales” o de régimen especial. Y es precisamente en ese terreno donde se ubica la disputa en torno al fideicomiso de la UAS: si se define que la jubilación dinámica es una prestación fuera de la ley general, la puerta para invalidarla queda abierta, dejando sin efecto no solo su vigencia futura, sino incluso su existencia actual.

Aquí está la contradicción más peligrosa: quienes se oponen a aportar al nuevo fideicomiso bajo el argumento de defender “derechos adquiridos”, en realidad están impulsando un mecanismo que puede terminar suprimiendo esos derechos para todos. No se trata de discutir porcentajes o condiciones de aportación: se trata de que la prestación en sí misma podría desaparecer. En vez de recibir un porcentaje de su salario como beneficio de jubilación, los trabajadores podrían terminar sin ningún derecho prestacional más allá de lo que dicta la ley mínima, como ocurre en la mayoría de empresas e instituciones del país.

No hay excusas válidas para esta cerrazón que solo benefician a unos cuantos. Entiendan. Reaccionen. Miren el panorama general. Lo que amenaza a la UAS hoy no es una reforma administrativa, sino una lógica de litigio oportunista que puede destruir conquistas sociales enteras.

Si permitimos que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo, la historia universitaria de Sinaloa estará marcada para siempre no por la defensa de la educación y sus trabajadores, sino por la codicia que sacrificó su futuro.