Por culpa de demandantes, la jubilación dinámica está al borde de la desaparición: La prestación extra legal de la UAS ya es asunto federal y enfrenta su hora más crítica.

Jaziel Trasviña Osorio.

La jubilación dinámica de la Universidad Autónoma de Sinaloa dejó de ser un diferendo interno para convertirse —según reportes políticos en la Ciudad de México— en un expediente bajo seguimiento en el ámbito federal. Lo que se presentó como una defensa pública terminó activando focos rojos en instancias nacionales. Hoy, el esquema de retiro universitario no solo está en debate: enfrenta un riesgo real de desaparecer.

La entrevista concedida por el abogado Berzahí Osuna Enciso al periodista Julio Hernández López, “Julio Astillero”, pretendía denunciar supuestos “descuentos arbitrarios” derivados de la reingeniería financiera universitaria. Sin embargo, el efecto fue contrario al esperado. La exposición nacional visibilizó ante el centro del poder político un esquema de retiro que no está previsto en la Constitución, no forma parte del sistema nacional de seguridad social y no cuenta con financiamiento federal autorizado.

De acuerdo con versiones periodísticas en la capital del país, el tema ya es observado desde la Secretaría de Gobernación, responsable de la política interior y del monitoreo de procesos que puedan impactar la estabilidad nacional. El foco no está únicamente en el conflicto universitario, sino en el modelo mismo de doble protección pensionaria sin respaldo normativo pleno.

La preocupación es seria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha consolidado criterios que limitan la permanencia de prestaciones extralegales cuando no existe sustento constitucional ni equilibrio financiero. Ha sostenido que no pueden coexistir beneficios que cubran el mismo riesgo social —como una jubilación contractual y una pensión del IMSS— sin aportaciones proporcionales ni respaldo actuarial. El principio de corresponsabilidad financiera se ha convertido en eje rector del sistema pensionario.

Los precedentes recientes refuerzan esa tendencia. Ex trabajadores del IMSS han enfrentado restricciones en esquemas de doble beneficio. La presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado recientemente revisiones a sistemas pensionarios considerados desproporcionados en organismos federales como Luz y Fuerza y CFE, bajo el argumento de equidad y sostenibilidad. El mensaje federal es claro: no habrá margen para privilegios que comprometan recursos públicos o generen pasivos inviables.

En ese contexto, la jubilación dinámica aparece jurídicamente vulnerable por cinco razones fundamentales: no deriva de una obligación constitucional expresa; tiene naturaleza extralegal; carece de financiamiento federal autorizado; enfrenta una línea jurisprudencial restrictiva; y compromete recursos que impactan la viabilidad institucional. El debate ya no es retórico ni político: es estructural y presupuestal.

Pero el impacto no es teórico. En la comunidad universitaria crece la preocupación y también la molestia. Miles de trabajadores —activos y jubilados— observan con inquietud cómo acciones mediáticas y estrategias de confrontación podrían terminar precipitando la cancelación de un esquema que, con todas sus debilidades jurídicas, ha sido parte del sistema de retiro universitario durante años. La sensación que permea es que la exposición nacional del tema, en un momento de reordenamiento del sistema pensionario federal, pudo haber sido un error estratégico de alto costo.

Otro elemento que genera tensión interna es la reiterada negativa de un sector de jubilados a realizar aportaciones que contribuyan a sostener financieramente el esquema. En un modelo contemporáneo de seguridad social, los beneficios deben respaldarse con reservas y contribuciones previas. Cuando estos elementos no existen o se rechazan, la defensa jurídica se debilita considerablemente.

Hoy el escenario es delicado. Si la investigación del expediente UAS por parte de la Secretaría de Gobernación concluye que la jubilación dinámica constituye una prestación extralegal y financieramente insostenible, la transformación podría no ser gradual ni negociada: podría ser definitiva. No se trata de un ajuste menor ni de una simple revisión administrativa. Se trata de la posibilidad real de que el esquema sea cancelado. La jubilación dinámica puede desaparecer. Sí, puede desaparecer. Y si eso ocurre, no será consecuencia de un litigio aislado, sino del endurecimiento nacional en materia de disciplina presupuestal y eliminación de esquemas considerados privilegiados.

La gravedad del momento no puede minimizarse. La jubilación dinámica está bajo escrutinio federal en el peor contexto posible: cuando el gobierno central revisa beneficios pensionarios y redefine criterios de sostenibilidad financiera. Las decisiones que se tomen podrían marcar un antes y un después para miles de trabajadores universitarios.

El mensaje que llega desde la capital es contundente: cuando una prestación carece de sustento constitucional y respaldo presupuestal, su permanencia no está garantizada. Y hoy, más que nunca, la jubilación dinámica está en riesgo de desaparecer.