“La UAS en manos de su comunidad activa, no de jubilados inconformes”
La Ley Orgánica de la Universidad es clara: Los Jubilados no forman parte de la Comunidad Universitaria.
Fernanda Montes Romo.
El debate en torno a la Reingeniería Integral de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), planteada por el rector doctor Jesús Madueña Molina y respaldada tanto por el Consejo Universitario como por la comunidad activa, ha dejado al descubierto una contradicción que no puede pasarse por alto: el papel de un grupo opositor conformado principalmente por personal jubilado.
Durante años, esos mismos actores se dedicaron a atacar los métodos de elección de las autoridades universitarias, alegando la inexistencia de una democracia real. Su bandera política fue la exigencia de un cambio profundo en la Ley Orgánica, con el argumento de que la consulta universal era la única vía para garantizar la participación plena de toda la comunidad.
La paradoja es que fue justamente bajo la rectoría de Madueña Molina cuando se impulsó y aprobó la reforma que instauró la consulta universal, dando paso a un proceso donde estudiantes, trabajadores administrativos y académicos pudieron votar de manera libre, secreta y directa. La Ley Orgánica reformada que ellos mismos defendieron como la máxima conquista democrática, establece ahora con toda claridad quiénes son los miembros de la comunidad universitaria: estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo en funciones.
En este marco legal, el personal jubilado quedó fuera de la vida institucional activa. Es decir, la misma legislación que este grupo promovió los inhabilitó implícitamente para participar en consultas y decisiones que competen al futuro de la Universidad.
Esto no es un capricho, ni mucho menos una exclusión arbitraria: en el derecho laboral y universitario existen antecedentes claros de que, una vez jubilados, los trabajadores dejan de formar parte de la estructura activa de las instituciones. Un ejemplo reciente es el fallo emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de la Universidad Autónoma de Nayarit, donde se impugnó la cláusula 150 Bis del contrato colectivo que exigía a jubilados aportar un porcentaje al fondo de pensiones. La Corte resolvió en contra del demandante con tres argumentos de peso: se trataba de una prestación extra legal, la medida respondía a la necesidad de garantizar la viabilidad financiera de la universidad, y los precedentes anteriores no resultaban aplicables. Este criterio ratifica que la jubilación implica una separación real de la vida activa laboral y universitaria.
A pesar de esta claridad normativa y jurisprudencial, el rector Madueña Molina ha mostrado un acto de civilidad política y voluntad democrática al incluir en la consulta del próximo 10 de octubre también a los jubilados, reconociendo su aporte histórico a la Universidad, aunque la ley no los contemple como parte de la comunidad activa. Esta decisión, más que una obligación, es un gesto de apertura que busca evitar exclusiones y sumar voces en un momento trascendental.
Sin embargo, lo verdaderamente preocupante es la actitud de quienes hoy, desde la jubilación, pretenden imponer condiciones y entorpecer el proceso. Su postura no es un acto de defensa de la Universidad, sino un claro ejemplo de mezquindad y oportunismo político. Se trata de personajes que, al no tener ya responsabilidad laboral ni académica en la institución, buscan generar ruido, dividir a la comunidad y sabotear los esfuerzos colectivos, con la esperanza de obtener algún beneficio personal o de grupo.
La Reingeniería Integral no es un capricho ni una ocurrencia: es una respuesta necesaria a la crisis financiera y de viabilidad de la jubilación dinámica, y ha sido planteada bajo principios de consulta, apertura y consenso. El verdadero reto está en la madurez política de la comunidad universitaria: reconocer que el futuro de la UAS está en manos de quienes hoy la sostienen en aulas, laboratorios y oficinas, no en quienes, aunque con méritos pasados, ya no forman parte de su estructura activa.
La historia será severa con quienes, desde la mezquindad o la incongruencia, pretendan entorpecer este proceso. Porque quienes hoy se oponen no defienden a la Universidad: defienden su ego, su nostalgia y sus intereses personales. Y será generosa con quienes, entendiendo el momento crítico, decidan poner por delante la viabilidad de la institución y el derecho de miles de jóvenes sinaloenses a una educación de calidad.
