Salvar a la UAS: Entre la responsabilidad y el oportunismo.

Jacinto Robles Salazar.

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. A pesar de su peso específico en el sistema educativo nacional por su cobertura, su tradición académica y sus estándares de calidad, hoy enfrenta una compleja crisis financiera que amenaza su estabilidad institucional y el cumplimiento de su misión educativa.

No se trata de una situación creada de la noche a la mañana, ni de un simple desequilibrio presupuestal. Es una crisis estructural que exige decisiones difíciles, pero urgentes. Y ante este escenario, la conducción universitaria ha optado por un camino que, lejos del facilismo político, apuesta por la gestión, la reorganización y la responsabilidad compartida.

El rector Jesús Madueña Molina ha asumido este reto con seriedad. No ha optado por discursos vacíos ni por la confrontación, sino por una estrategia de reingeniería financiera, administrativa y normativa que permita mantener la viabilidad de la UAS a largo plazo. Sus acciones no son aisladas ni improvisadas: forman parte de un plan integral que busca proteger tanto la formación de los estudiantes como los derechos del personal académico y administrativo, activos y jubilados.

Pero, como suele ocurrir en tiempos de transformación, hay resistencias. Un pequeño grupo, integrado por universitarios en activo y jubilados, ha decidido oponerse sistemáticamente a toda propuesta, sin ofrecer alternativas viables. Sus intereses particulares y agendas políticas los han llevado a atacar cualquier intento de cambio, aun cuando este busque garantizar la sobrevivencia de la universidad.

Es el mismo grupo que, desde 2008 y hasta 2015, se opuso férreamente a la creación de un fideicomiso para la jubilación dinámica, promoviendo una serie de demandas que terminaron por echar abajo la que ha sido la mejor estrategia de sostenibilidad aplicada en muchas otras universidades del país. Hoy, repiten ese patrón de obstrucción: rechazan medidas racionales como la compactación de grupos con baja matrícula o el ajuste temporal de programas académicos sin suficiente demanda. Estas no son decisiones arbitrarias, sino mecanismos técnicos para optimizar recursos. Aun así, son enfrentadas con discursos que, más que defender derechos, encubren una resistencia a todo cambio.

Incluso decisiones como el ajuste moderado en el costo de colegiaturas que siguen siendo las más accesibles del estado han sido utilizadas como bandera por quienes prefieren alimentar el conflicto antes que buscar soluciones. Se trata de personajes que, con una visión anacrónica y profundamente clientelar, siguen viendo a la universidad como una fuente inagotable de beneficios personales, ignorando que los tiempos exigen cambios.

La pregunta que debemos hacernos todos los que formamos parte de la comunidad universitaria es clara: ¿de qué lado de la historia queremos estar? ¿Del lado de quienes asumen con madurez el reto de asegurar el futuro de la UAS, o del lado de quienes critican desde la comodidad sin aportar nada constructivo? La universidad no se defiende con discursos, sino con responsabilidad, con propuestas y con la disposición al diálogo.

Afortunadamente, el liderazgo del Rector ha sido acompañado de una actitud igualmente comprometida por parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS), con quienes se ha mantenido una agenda común para preservar derechos, pero con la mirada puesta en el porvenir.

Igualmente relevante ha sido el respaldo institucional brindado por el gobernador Rubén Rocha Moya, cuyo compromiso con la educación pública se ha traducido en un acompañamiento respetuoso pero constante para que la UAS transite con firmeza esta etapa compleja. Su apoyo ha sido clave para mantener el equilibrio entre autonomía universitaria y responsabilidad fiscal.

Debemos ser claros y concisos, tal como lo han sido el Rector y el SUNTUAS: se pretende mantener la jubilación dinámica sí o sí, como columna vertebral del contrato colectivo de trabajo. Pero ello implica también encontrar alternativas viables y responsables. Lejos de caer en la sumisión, se debe construir una ruta desde el análisis, los foros, los consensos y el trabajo conjunto de toda la comunidad. Lo ha dicho el rector de forma reiterada: no se puede seguir alimentando la narrativa malintencionada de que las y los trabajadores jubilados son el problema. No lo son. Pero también es verdad que sostener una nómina de 2 mil 100 millones de pesos anuales únicamente para el pago de prestaciones a jubilados es financieramente inviable si no se establece un plan estructural que garantice dicha prestación sin poner en riesgo a toda la institución. Es tiempo de hablar con madurez, responsabilidad y avanzar, todas y todos, por el bien de la Universidad Autónoma de Sinaloa.